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El actual proceso constituyente es posible gracias a las luchas sociales desarrolladas en las últimas décadas. Dentro de ellas, el movimiento de lxs pingüinxs y la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad fueron momentos políticos fundamentales para quienes hoy participamos en la disputa por una nueva constitución. Una que sirva de hoja de ruta para acabar con las políticas que acentúan la precarización de nuestras vidas. 

Al calor de estas movilizaciones, las feministas  y disidencias sexuales comenzamos a organizarnos por una educación no sexista. En ese camino, la efervescencia de las calles y tomas feministas del 2018 lograron romper los límites de lo posible. El movimiento estudiantil feminista se levantó en diversas instituciones educacionales contra el sexismo, la violencia y el abuso anclado en sus estructuras y paradigmas. La forma de comprender la política en el movimiento estudiantil y los demás movimientos sociales sufrió una transformación profunda. Ya desde el 8 de marzo de aquel año, las mujeres y disidencias salimos a la calle con la consigna «contra la precarización de la vida», marcando una distancia con las agendas de género que nos veían solo como madres o víctimas.  

Cuando decimos que luchamos «contra la precarización de la vida», el acento reside en la necesidad de ampliar los derechos sociales, sexuales y reproductivos como condición necesaria para una democracia plena, ya que en Chile esta se encuentra prisionera de intereses empresariales que lucran con los distintos aspectos de nuestras vidas, y del conservadurismo, que impone sus dogmas agudizando la violencia y discriminación en la sociedad. Mayo de 2018 significó la continuación y profundización de esa lucha. Vivimos uno de los procesos de movilización feminista más amplios y significativos en nuestra historia reciente, durante el cual las estudiantes han desatado un fenómeno en cadena de fortalecimiento de la organización de mujeres y disidencias sexuales en distintos sectores.

Es fundamental continuar esta disputa. A más de un año de la revuelta social y la crisis política y sanitaria producto del COVID-19, en que los feminismos han sido fundamentales para pensar una nueva política y crear redes de solidaridad, somos testigxs a diario de la perpetuación —e incluso la profundización— de la cultura de la violencia hacia cuerpos feminizados y disidentes. Los femicidios, el aumento de la violencia doméstica, la violencia económica y policial por parte del Estado, así como la crisis de los cuidados, han sido tónica del momento que vivimos. Las respuestas frente a la violencia de género llegan tarde, o bien no llegan. 

Pareciera que la única solución es crear leyes sancionatorias —penales o administrativas—, mientras que en el sistema educativo sigue primando el androcentrismo, amparado en la supuesta «libertad de enseñanza». Lo que se traduce en problemas gravísimos, tales como el aumento de la tasa de suicidios y patologías de la salud mental en edades tempranas, debido a la inexistencia de proyectos educativos diversos que protejan la identidad de género y el desarrollo integral e igualitario de las niñas, niños, niñes y adolescentes. Ocurre lo mismo con la desvalorización y abandono de la labor docente, cuyas precarias condiciones laborales y falta de formación en una perspectiva de género integral da cuenta de la necesidad de reformular también el acceso y los planes formativos de lxs educadorxs, cuestión en que el Estado debe cumplir una labor esencial. 

La educación pública, gratuita, de calidad y no sexista debe garantizarse como derecho social, cuyo objetivo sea potenciar transformaciones que busquen eliminar la legitimidad y reproducción de la subordinación y desigualdad, superando así los estereotipos y jerarquías de género, raza y clase. Al reconocer la educación no sexista, podemos construir una pedagogía de la pregunta, que promueva una convivencia basada en el respeto y la igualdad real, no formal, para alcanzar un desarrollo pleno de las potencialidades de cada unx de lxs miembrxs de las comunidades educativas. 

Esta es parte de una educación de, para y basada en los Derechos Humanos. La igualdad y no discriminación son indispensables como bases para nuestro modelo educativo. Los Derechos Humanos no solo deben ser enseñados en su contenido, sino que la educación misma como práctica social debe encontrar su base en ellos (Nash, 2018). En otras palabras, no sirve de nada que solo enunciemos o aprendamos de memoria cuáles son los Derechos Humanos reconocidos a nivel mundial: debemos poder visibilizar el ejercicio de los derechos fundamentales —tales como la educación— desde sus principios. 

En esta línea, algunas manifestaciones del derecho a la educación no sexista basada en los Derechos Humanos son: 

  • La perspectiva de género y su orientación integral en todos los planes y programas de estudio, tanto para estudiantes como docentes en formación en las universidades. 
  • La educación sexual integral —en directa relación con lo anterior— comprendida como proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versan sobre los aspectos cognitivos, psicológicos y sociales de la sexualidad. Cuyo propósito sea dotar a los niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que les empoderen para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos (UNESCO, 2017).
  • La garantía de una educación estatal multigénero, que acabe con la segregación de los establecimientos educativos, reconociendo y garantizando el derecho a la identidad de género, dando cuenta de la autonomía progresiva de niñes y adolescentes en la definición de su identidad. 
  • Programas sobre derechos sexuales y reproductivos, comprendidos como aquellos que nos permiten a todas las personas ejercer plenamente nuestra sexualidad y reproducción, sin violencia, discriminación y coerción, contando con toda la información y medios que permitan su ejercicio. 
  • Establecimiento del uso del lenguaje inclusivo para acabar con la invisibilización a través de la utilización del masculino como lenguaje supuestamente neutro. 

En la garantía del derecho a la educación no sexista, el Estado cumple un rol fundamental para establecer un marco regulatorio, su promoción y gestión, así como también la fiscalización de la gestión privada (Nash, 2018). El proceso constituyente nos permite reabrir el debate por la educación, y es necesario preguntarse no solo por su acceso y financiamiento, sino también por cuál es la educación que necesitamos para la transformación de nuestra sociedad. Si creemos en la necesidad de erradicar la violencia de género, la educación no sexista debe ser un derecho.

BIBLIOGRAFIA

NASH, Claudio (2018). «Educación no Sexista y Disidencia. Una mirada desde los derechos humanos». Santiago: Revista Nomadías, Julio 2018, Número 25, pp. 123-134. 

OLIVARES, Rosario (2020). «Educación sexual para una Constitución feminista». En: Por una Constitución feminista. Santiago: Libros del Pez Espiral, pp. 67- 76. 

RAMÍREZ, Romina et. al. (2018) «Educando para una ciudadanía transfeminista: Ser trans en la educación chilena hegemónica actual». Año XXII, Santiago de Chile, agosto de 2018. En línea: http://revistadocencia.cl/web/images/ediciones/Docencia_62.pdf.

REGUEIRO, Iñaki (2012). El derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes. En línea: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34470.pdf.

UNESCO (2017). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado en evidencias

FIRMANTES

  1. Emilia Schneider V., activista trans y estudiante de Derecho, candidata a constituyente D10
  2. Bárbara Sepúlveda H., abogada feminista, candidata a constituyente D9
  3. Constanza Valdés., abogada y activista trans, candidata a constituyente D7
  4. Javiera Toro C., abogada, candidata a constituyente D11
  5. Libertad Méndez N., médica feminista, candidata a constituyente D13
  6. Haydee Oberreuter., activista por los Derechos Humanos, candidata a constituyente D9
  7. Manuela Royo., abogada, Candidata a Constituyente D23
  8. Adriana Bastias., científica e investigadora, candidata a constituyente D16
  9. Patricia Lopez., actriz y gestora cultural, candidata a constituyente D8
  10. Valentina Miranda. Ex dirigenta secundaria y Estudiante de Administración Pública, Candidata a Constituyente D8
  11. Irací Hassler, concejala de la comuna de Santiago, candidata a alcaldesa de Santiago
  12. Camila Rojas, ex presidenta FECH,  diputada D7
  13. Karol Cariola, ex presidenta de la FEC, diputada D9
  14. Karina Oliva, candidata a gobernadora de la Región Metropolitana
  15. Mariana Loyola Ruz, actriz feminista, integrante de la RACH
  16. Lina Meruane, escritora feminista 
  17. Jorge Díaz, biólogo, escritor y activista de la disidencia sexuall
  18. Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile 
  19. Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo 
  20. Alia Trabucco, escritora feminista
  21. Cristeva Cabello, periodista y activista de disidencia sexual
  22. Alejandra Castillo, filósofa feminista 
  23. Teresa Valdés, socióloga, integrante de Mujeres por la Vida 
  24. Iona Rothfeld, directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), candidata a constituyente D12
  25. Claudia Mix, diputada D8
  26. Rosario Olivares, profesora de filosofía, integrante de la Red Docente Feminista REDOFEM.
  27. Fernanda Pinilla, futbolista profesional y Lic. en ciencias- mención física. 
  28. Kemy Oyarzun, Presidenta de la Asociación de Académicas/os de la Universidad de Chile (ACAUCH) 
  29. Paola Molina, comediante 
  30. Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVVIH)
  31. Sofía Esther Brito, tallerista constituyente 
  32. Fundación Selenna, Organismo de Protección de la Infancia Trans. 

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