Manifiesto|

Los derechos sociales han sido definidos como derechos que se orientan a garantizar aquellas dimensiones de la vida de las personas que, en el marco de la convivencia en sociedad, se vinculan con la igualdad material, es decir, con el establecimiento de condiciones que garanticen cierto nivel de igualdad en el ejercicio de los derechos. Por años la ciudadanía se ha manifestado y plegado en las calles sintiéndose representadas por las luchas impulsadas por organizaciones como No + AFP, por el derecho a la vivienda y la ciudad, a la educación y a la salud.

  • Es importante iniciar la discusión sobre una reforma profunda al sistema de pensiones de miseria que existen hoy. Ante un eventual cambio constitucional, creemos firmemente que urge abandonar el sistema de capitalización individual y de mercado que nos rige hacía un sistema solidario, tripartito y administrado por un ente público y autónomo. En el Congreso debemos comprometernos a aportar a hacerlo realidad y garantizar su buen funcionamiento.
  • En materia de salud, debemos promover una ley de salud mental que entienda a este como un bien común de responsabilidad colectiva y que se enfoque en la prevención. A su vez promover el acceso a la salud de calidad de todas, todos y todes, facilitando prestaciones hasta hoy de difícil acceso, como salud oral, mental, enfermedades catastróficas, rehabilitación, etc. Todo esto, desde un compromiso con la salud pública y asumiendo que debemos avanzar hacía un sistema de salud para todes con un seguro único.
  • En cuanto a vivienda, debemos partir desde una planificación de la ciudad inclusiva, feminista y consciente, revirtiendo la segregación socioespacial e inequidad urbana en conectividad, seguridad, áreas verdes, accesibilidad de los espacios públicos, y desde ahí promover que todo habitante alcance el sueño de la vivienda propia y digna. El mercado inmobiliario especula sin escrúpulos con los precios siendo las lógicas mercantiles las que han planificado los espacios y su habitabilidad, y no el bienestar, sustentabilidad y buen vivir del entorno. Por ello es imperativo que esto se regule, promoviendo leyes que controlen la especulación y faciliten la compra tanto para viviendas sociales como para privados. Al mismo tiempo, se debe mejorar la legislación que permita una acción más ejecutiva ante incumplimiento de contratos y toma de viviendas o terrenos, con una visión humana que entienda la vivienda como derecho, respete a ambas partes y promueva soluciones que signifiquen la dignidad y solución definitiva sin acudir a la violencia.
  • La única forma de acabar con los campamentos y las tomas, es construyendo más viviendas y asegurando que todes puedan acceder a ellas. Esa será nuestra prioridad.

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