Manifiesto|

La revuelta iniciada en octubre del 2019 junto con convocar a miles de personas en las calles se vio marcada por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que llevaron a cabo agentes del Estado como Carabineros de Chile, siendo las violaciones más graves a los derechos humanos desde el retorno a la democracia.

Sin embargo, es necesario visibilizar que aún desde antes del estallido social múltiples grupos han visto vulnerados sus derechos humanos de forma sistemática, aún después del retorno a la democracia. Niños, niñas y jóvenes, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, diversidades y disidencias sexuales y de género, entre otros sectores oprimidos, han sufrido violencia por parte del Estado y sus instituciones, violencia que ha sido normalizada a su vez por nuestra sociedad.

La grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país y las deudas que el Estado mantiene hasta nuestros días con quienes fueron víctimas de la dictadura cívico-militar debe llevarnos a poner énfasis en la creación e implementación de políticas que tengan como fundamento los derechos humanos en relación a los compromisos y obligaciones del Estado tanto en el ámbito nacional como internacional.

La interpretación de los derechos humanos debe ser una de derechos exigibles, que pueden ser efectivamente disfrutados y garantizados por parte del Estado, no pueden ser meras aspiraciones.

  • Avanzar en proyectos de ley que tengan como fundamento la reparación a las víctimas de violencia policial y violencia estatal tanto en el pasado como en el presente, teniendo como eje central el asegurar el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos junto con las responsabilidades institucionales. Por ejemplo, datos proporcionados por la Fiscalía a enero de este año demuestran que se han cerrado sin formalización el 46% de las causas por violaciones a los derechos humanos en la revuelta social, incumpliendo claramente el deber de investigar que le corresponde al Estado en relación con la obligación internacional de garantía a los derechos humanos.
  • Debemos legislar para remover cualquier obstáculo normativo que hoy impida el goce y ejercicio de los derechos. Y que en línea con lo anterior ha impedido la verdad y la justicia para con víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el transcurso de la dictadura cívico-militar.
  • Promover una ley de sitios de memoria, asumiendo un compromiso del Estado con su mantención y garantizando su administración y manejo a agrupaciones de víctimas que durante años han trabajado para que sus demandas sean escuchadas y se cumplan.
  • Aprobar las iniciativas necesarias para la libertad de las, les y los presos de la revuelta social, de acuerdo a criterios humanitarios y de debido proceso, tal como plantean las organizaciones de familiares y apoyo a su causa.
  • Asegurar medidas de reparación para las personas que se han mantenido en prisión preventiva por cerca de dos años, muchos de ellos acusados con testimonios falsos.
  • En el ámbito policial, la legislación debe ir dirigida a refundar las policías y FFAA, estableciendo su deber de velar por el bienestar de las comunidades, el orden público y el respeto de los DDHH y sometiendo a las instituciones a la fiscalización civil, tanto presupuestaria, curricular y de responsabilidad institucional.

Queremos comprometernos en particular con la realidad carcelaria. En nuestro país es alarmante, el sistema penitenciario supera las 100 mil personas involucrando en esta cifra no solo a quienes se encuentran al interior de los centros de privación de libertad sino a todas las personas que son custodiadas por el Estado. El año 2019 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un informe sobre las condiciones que se viven en la cárcel, con cifras recabadas en 40 recintos penales. De ellos, 26 no contaban con suficientes camas y en 24 existía algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso al agua y a servicios higiénicos las 24 horas. En la cárcel se violan los derechos humanos, las condiciones inhumanas en las que se encuentran miles de personas distan mucho del ideal de reinserción que se pretende alcanzar como objetivo.

  • Debemos avanzar en políticas públicas que consagren procesos de reinserción nacional, multidimensionales, que atienda la salud mental, el ámbito laboral, educacional e interpersonal.
  • Crear una ley de ejecución penal, que regule el cumplimiento de las penas al interior de los recintos carcelarios de nuestro país de forma digna.
  • Mejorar el espacio físico de las cárceles, las que hoy en su mayoría se encuentran en condiciones precarias que vulneran a diario a quienes se mantienen dentro de ellas.
  • Crear una ley que asegure los productos de higiene menstrual para mujeres y disidencias que hoy no pueden acceder a estos, son las organizaciones no gubernamentales quienes han suplido el rol del Estado, sin embargo tampoco pueden ayudar en su totalidad a toda la población penitenciaria que lo requiere.
  • Asegurar el voto al interior de los recintos penitenciarios, para quienes no han perdido su ciudadanía a razón de una pena aflictiva. Hoy miles de personas se encuentran en la cárcel que no contemplan esta pena, por lo que mantienen su derecho a sufragio vigente, pese a eso no pueden ejercerlo.

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